El mes de noviembre de 1873 falleció un ilustre político cuya presencia había dignificado cualquier legislatura en la que participó: Don Antonio de los Ríos Rosas.
El Sr. De los Ríos Rosas era un insigne orador y político, jurista de gran prestigio y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Varias veces Ministro, Embajador en Roma y en una ocasión Presidente de la asamblea en el reinado de Isabel II. Dejaba el legado de una ejecutoria liberal de respetada por todos los partidos del arco parlamentario. Desde su escaño parlamentario se agigantaba en el uso de la palabra y privadamente llevaba una existencia oscura, austera, por las limitaciones impuestas por una situación de auténtica miseria económica.
Era Académico de la Real de la Lengua y había sido Presidente del Ateneo. Su proyección intelectual no se limitaba a la política y su único Tesoro, del que no obtenía dividendo alguno, lo constituía su bien cuidada y extensa biblioteca.
Cerrado el Congreso por los sucesos de la revolución cantonal, las Cortes decretaron el cese de la totalidad de los ministros y el Sr. Ríos Rosas, sin medios de fortuna, se vio obligado a pedir su jubilación como Presidente del Consejo de Estado para atender a su subsistencia.
Días antes de su fallecimiento acudieron a visitarle diversas personalidades, entre ellas Castelar, Serrano y Salmerón. Todos ellos pudieron comprobar la modesta condición, rayana en la miseria, de su ilustre amigo, al que no le rodeaban los familiares (supongo que por carecer de ellos), como en casos semejantes. Este fue el motivo de que el Poder Ejecutivo de la República promulgará un decreto por el que se disponían honras fúnebres al eminente orador, por cuenta de las arcas del Tesoro Público.
“Después de haber ocupado los más altos cargos de nuestra sociedad –matizaba el decreto-; Presidido Asambleas y haber formado parte varias veces del Gobierno, y de haber representado a su nación al frente de altísimos cuerpos administrativos y en las capitales de extrañas naciones, el integérrimo repúblico muere en la más absoluta pobreza”.
Según informaba la popular revista La Ilustración Española y Americana, “El ilustre finado fue conducido a la basílica de Atocha, siendo anunciada la salida del Cortejo con veintiún cañonazos y presidido el duelo por el Gobierno y Comisiones civiles. Abría la marcha un piquete de la guardia civil de caballería […] Tras el féretro, cuyas cintas llevaban los Señores marqués de Molins, Figuerola, Díaz Quintero, Fernando González, León y Castillo, Bautista Alonso, Cervera y Elduayen, seguía al cortejo mortuorio nutrida representación de funcionarios públicos y militares de la guarnición. Por último, un tercio de la Guardia Civil, diversas unidades del ejército y una larga fila de carruajes”.
Todo contribuyó a dar al día 4 de noviembre, un tinte sombrío y triste. Menos luto en el atavío y en los corazones. Madrid era un nostálgico suspiro.
“Ay, ese sonido grave de las campanas –apunta Jules Renard en su Journal- como si los mismos muertos tiraran de la cuerda con sus pies”.
La presente semblanza, tomada en parte del libro de J.L. Fernández Rúa, “1873. La Primera República” y de la “Historia Política de la España Contemporánea” de M. Fernández Almagro, no es más que una invitación a reflexionar sobre los políticos de nuestro tiempo.
No quiero decir que las personas dedicadas a la función pública, deban tener una situación como la del Sr. De los Ríos Rosas. Entiendo que deben recibir una remuneración proporcional a su trabajo y responsabilidad. Y, en la misma medida deben de ser responsables ante la ciudadanía y la Justicia de sus dislates, despilfarros, nepotismo y corrupción cuando sea el caso.
Cuando se repasa la nómina de los políticos de aquellas épocas, o incluso de otras más cercanas, nos encontramos con personas con una formación intelectual, profesional y humana muy elevada. Les movía hacia la política un verdadero afán de servicio público. Desgraciadamente la situación actual no se parece en nada a aquella.
Como asesor de empresas durante casi cuarenta años, conozco las dificultades que la Administración pone para crear cualquier actividad empresarial y me irrita sobremanera comprobar el ensañamiento con que los jueces se comportan con los empresarios que cometen irregularidades.
El trato es distinto cuando son los políticos quienes las cometen y, con dinero público, ese que coactivamente se obtiene del ciudadano. La mala gestión, las decisiones equivocadas, el despilfarro y la simple y directa apropiación, tiene menos trascendencia cuando se hacen con dinero público, ese que según una exministra, no es de nadie. En cambio en las empresas, donde invierte quien quiere de forma voluntaria y arriesga su capital y el de otras personas para tratar de crear riqueza, hay que perseguir al emprendedor con saña, para que sirva de aviso a otros emprendedores. ¡Cómo se atreven. Faltaría más!
En las grandes sociedades, para las captaciones masivas de fondos (bonos, preferentes, subordinadas y otros instrumentos) hay organismos de control cuya aprobación es preceptiva. Otra cuestión es si cumplen o no su función.
La prensa económica da a conocer con frecuencia que hay multitud de organismos públicos que rinden cuentas ante ningún órgano de control. Existió un organismo llamado “Servicio de inspección y asesoramiento de la Administración Local”, cuya misión era asistir en la preparación y vigilar la legalidad y coherencia de los presupuestos y posteriormente, auditar la liquidación de los mismos. Estaban formados por funcionarios de elevada cualificación que llevaban a cabo su función con dedicación y eficacia. Con la llegada del nuevo régimen, se suprimió a toda velocidad ese servicio. Fue una preparación para lo que venía a continuación.
Creo que también fue una catástrofe la supresión del cuerpo Nacional de Técnicos de Administración Local (Secretarios, Interventores y Depositarios) que dependían de la Administración Central y eran los guardianes de la legalidad. Cuando han pasado a depender de los propios Ayuntamientos, ¿cómo se van a oponer a las decisiones del jefe? Les va en ello el empleo.
Se el caso de un Secretario de Ayuntamiento que le contó a un familiar mío, Magistrado de lo Contencioso Administrativo, que al negarse a dar un informe favorable para una decisión arbitraria bordeando la legalidad, porque “mi misión es vigilar que las decisiones que se adopten se ajusten a la Ley”, el Alcalde en cuestión le contestó: “Vd. está aquí para vestir de legalidad, las decisiones que yo tome. Y si no, se marcha” Así, con un par…
En estos momentos, y con todas las salvedades y excepciones que se quieran establecer, van a la política muchas personas que han fracasado en cualquier otro campo profesional. No se exige formación, no se exige más que una lealtad a toda prueba hacia el autor del nombramiento, una docilidad casi “lanar”, fidelidad “perruna” y tragar con ruedas de molino cuando sea necesario. Por eso a los ciudadanos nos parece que la política se ha convertido en una profesión mezquina, una forma de ganarse la vida sin arriesgar nada. Es lo que ha propiciado que las gentes de verdadera valía, hayan huido de la misma. Hay muy notables ejemplos en épocas recientes.
Quiero criticar una frase muy repetida por los políticos cuando se habla de corrupción: “Hay xxx miles de políticos y solo son corruptos el x%”. Como la proposición no es correcta, la conclusión es falsa. La frase debería ser. “De xxx políticos que tienen opción a enriquecerse con sus decisiones, solamente xx%, lo han hecho”. Y el corolario debería ser: “Y todos ellos están en la cárcel e inhabilitados de por vida”.
Me acabo de mirar al espejo y no me reconozco con esa cara de “panoli ingenuo” que se me ha puesto, por pensar que esto puede cambiar. La trama de intereses cruzados, favores mutuos y conocimiento de la vida y milagros de cada uno, ha tejido una red tan tupida y fuerte, que veo difícil desmontarla. Saben demasiadas cosas unos de otros, como para tirar de la manta. A hechos recientes me remito.